El Diario, 12 de Septiembre de 2017. Demandan inconstitucional la intervención a EPSAS

La intervención que actualmente ejerce el Gobierno sobre la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (Epsas S.A.) es ilegal debido a distorsiones jurídica originadas en las Resoluciones Administrativas Regulatorias AAPS Nº 244/2013 y 246/2013 aprobadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS), según el Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto el 20 de agosto por el exasesor del Directorio de la prestadora del servicio, Marco Antonio Ramos Cruz.

Según el abogado Marco Antonio Ramos, la forzada intervención de Epsas, proyectada por Freddy Bustinsa Guarachi, asesor legal, y Germán Aramayo, director ejecutivo del ente regulador de entonces, fue planteada sobre la base de la Ley 2066/00 Art. 38, cuyas causales hasta la fecha no fueron justificadas.

“Art. 38.- Cuando se ponga en riego la normal provisión de los servicios por incumplimiento de las metas de la expansión, calidad o eficiencia, la Superintendencia de Saneamiento Básico, mediante procedimiento público y resolución administrativa debidamente fundamentada, podrá decidir la intervención preventiva al Titular de la concesión por un plazo no mayor a seis meses improrrogables”.

Explica Ramos Cruz, una vez retirada del Estado la anterior concesionaria Aguas del Illimani (AISA), la Comisión Interinstitucional, creada mediante Resolución Ministerial 002/2007, de 5 de enero de 2007, emitida por el entonces Ministerio del Agua, debió crear una nueva empresa, disposición que hasta la fecha no se cumplió. Hecho que además constituye incumplimiento de deberes por los ministros cabeza de sector de turno.

La demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Ramos, además defensa legal del también exinterventor Rudy Rojas, argumenta que lo que efectivamente ocurrió con la operadora de agua es sólo “el cambio de razón social y no se ha reformulado la condición de la empresa como tal, a extremo que continúa operando con el Manual de Funciones de Aguas del Illimani S.A.”.

“Sólo para algunas autoridades del Gobierno y administradores circunstanciales de Epsas S.A. es una empresa pública, olvidando que luego del alejamiento de la transnacional AISA, lo único que cambió fue el nombre y no así la estructura operacional e institucional, como debe ser a partir de la creación de una nueva empresa”, declaró Ramos a EL DIARIO.

En este contexto, según el exasesor del Directorio de Epsas, la situación legal que enfrenta la interventora resta toda fuerza jurídica al proceso instaurado, a causa de la denominada “crisis de agua”, que afectó a casi un centenar de barrios en la sede Gobierno.

CONSULTORÍAS Y CORRUPCIÓN

Ramos, por otra parte, anunció que en el marco de las responsabilidades que corresponden al Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMyA) solicitará una auditoría para establecer acerca de cuántas consultorías ha contratado esa Carteara de Estado para la organización de una nueva empresa, y que a la fecha no existen resultados.

“En ese Ministerio se han hecho varias consultorías para que se proyecte la nueva empresa”, apuntó, tras manifestar sus sospechas de graves actos de corrupción vinculados a la adjudicación de contratos para la creación de la nueva empresa operadora.

“Tengo conocimiento de la donación de 60 mil euros, de parte de la cooperación catalana, para una consultoría que viabilice la creación de la nueva empresa, cuyo destino queremos conocer”, planteó.

COMPETENCIA MUNICIPAL

Entretanto, el alcalde de La Paz, Luis Revilla, en coincidencia con este criterio señaló que “la intervención a la empresa de suministro de agua potable para los municipios de La Paz y El Alto por más de cuatro años es irregular, por lo que urge la necesidad de crear una nueva empresa”, señaló. La empresa de agua potable debe estar a cargo del municipio como establece la ley.

SIN RESPUESTA

Sobre este tema, corresponde a EL DIARIO aclarar que a pesar de las reiteradas solicitudes de entrevistas y requerimiento de información, tanto a la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico (AAPS) como a la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento S.A. (Epsas S.A.), no fueron atendidas.