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La Razón, 9 de febrero de 2015. Por el retraso del proyecto hay cuatro procesos y un daño económico de $us 23 millones al Estado

En los municipios metropolitanos de Cochabamba, el 78% consume agua sin desinfección y  el 50% carece de alcantarillado.

El proyecto anhelado por Cochabamba

Como un sueño. Así recuerda Efraín Loza la primera vez que oyó sobre Misicuni cuando tenía 15 años. Transcurría la década de los 50 y ese deseo se volvió una necesidad, pero no solo para él, sino para miles de cochabambinos. Hoy, a sus 76 abriles, anhela beber el agua de ese río, que fluye al norte de la Cordillera del Tunari y que es parte de la Cordillera Oriental de Los Andes.

Pero su aspiración no termina de hacerse realidad, aun cuando han pasado más de seis décadas desde la primera vez que se habló del proyecto, en 1953. La priorización de otros planes, falta de planificación y corrupción son los factores que incidieron en su constante postergación.
“Cuándo será que comience a operar, hasta eso tal vez voy a morir”, dice Loza, mientras observa los baldes en los que colecta agua de la lluvia, pues la que recibe de una cooperativa en su natal Quillacollo es insuficiente.

El sueño de miles de kochalas de ese municipio, de Cercado, Sacaba, Colcapirhua, Tiquipaya, Sipe Sipe y Vinto, denominado eje metropolitano, comenzó en 1953 y nació como una opción para generar energía eléctrica.

Según Gonzalo Maldonado, ingeniero hidrólogo, protagonista de la denominada Guerra del Agua de 2000, ese año la empresa consultora Montreal Eng de Canadá hizo la primera evaluación de los recursos hídricos como opción para producir electricidad.

Pero entonces surgió la primera piedra en el camino del proyecto. El gobierno de entonces comparó las opciones Misicuni y Corani y tras un análisis optó por construir una presa en la segunda población, aunque, luego, su ejecución quedó en nada.

Transcurrieron algunos años y en 1957 se elaboró el primer estudio de ingeniería del proyecto. El mismo, según el ingeniero hidrólogo Roberto Vera, fue realizado por su colega Luis Calvo, a través de su empresa Ingensoc, con recursos propios.

En su texto Misicuni, ¿la frustración de un pueblo? afirma que desde entonces la naturaleza del proyecto fue múltiple, con los componentes de agua potable, líquido para riego y energía eléctrica. Ya para entonces, la idea se plasmó en un estudio: el Proyecto Múltiple Misicuni (PMM), pero tampoco avanzó más.

En 1960 se retomó el planteamiento para construir una hidroeléctrica. La consultora TAMS evaluó las opciones Corani, Monte Punco, Locotal y Misicuni. Pero se priorizó la primera alternativa y los trabajos fueron ejecutados entre 1962 y 1966.

El plan múltiple siguió como una intención por 22 años. Tomó cuerpo en 1975. La empresa Sofrelec, de Francia, hizo el estudio de prefactibilidad y por primera vez se tomó en cuenta el componente del agua. Se definió: la provisión del líquido para consumo a todo el valle central; la irrigación de 18.000 hectáreas; y la generación de 80 megavatios de electricidad. El análisis lo financió ENDE SA (Empresa Nacional de Electricidad).

En 1979, la compañía canadiense Lavadin realizó el análisis de factibilidad, que determinó el uso de los ríos Titiri, Sherketa Mayu (de los que nace el caudal del Misicuni), Viscachas y Putucuni. Se estableció que el volumen a ser acumulado requería una presa de 120 metros de altura y un túnel de 20 kilómetros. En 1987, la consultora suiza Electrowatt desarrolló el diseño final. El informe refrendó el uso de esos cuatro caudales y fijó el costo de la obra en $us 350 millones.

Con los estudios concluidos y para darle impulso se creó la Empresa Misicuni en septiembre de 1987. Empero, recuerda Vera, ese año el plan sufrió una nueva postergación. El Gobierno priorizó la construcción del aeropuerto de Cochabamba. La inversión para ese proyecto era de $us 90 millones, mientras que la presa requería de un presupuesto de más del triple.

Por ello, dos años después, en 1989, se decidió ejecutar la obra por etapas. Una primera fase con la construcción del túnel de trasvase; un segundo periodo con la edificación de la presa, la planta de tratamiento y la hidroeléctrica; y una tercera etapa, con la perforación de dos corredores para los ríos Viscachas y Putucuni.

La construcción del conducto fue la primera obra en la lista con un costo de $us 66 millones. Ese mismo año, el Gobierno gestionó ante su par de Italia los recursos para esa fase. Para otorgar los recursos, a una tasa de 0,10% y a 20 años plazo, las autoridades italianas condicionaron la participación en el proyecto de una empresa de su país.

Con el dinero asegurado, en 1992 se convocó a la licitación para la perforación del corredor. El consorcio ítalo-boliviano Condotte-Cosapi-Transandina ganó la convocatoria y suscribió el contrato en mayo de 1993. Empero recién en 1995, el Gobierno italiano aprobó el préstamo de $us 43 millones, que luego subió a $us 60 millones.

El contrato de crédito se firmó en febrero de 1996 y ese mismo mes la Empresa Misicuni dio la orden para el inicio de las obras. Sin embargo, la sociedad se negó a proseguir, por lo que en abril de ese año se disolvió el acuerdo.

La excavación del túnel se detuvo. En 1997, los ejecutivos de Misicuni contrataron a la consultora Dames-Moore para actualizar los costos y el precio subió a $us 66 millones. El consorcio ítalo-boliviano Astaldi-ICE Ingenieros, que resultó segunda en la primera licitación, se adjudicó la obra en 1998. Un tiempo después, la compañía italiana se retiró y el trabajo quedó en manos de ICE.

Mientras seguía la excavación, en 1999 los servicios de agua potable y alcantarillado de Cochabamba fueron privatizados. Al consorcio Aguas del Tunari se le otorgó la prestación del servicio y, entre otras medidas, dispuso el alza de tarifas, lo que provocó la reacción de la población que, tras enfrentamientos a comienzos de 2000, logró que la empresa se vaya del país.

Posterior a esa confrontación, que fue denominada la Guerra del Agua, y mientras proseguía la excavación de la galería, las autoridades recién impulsaron la construcción de la presa. En 2003, el consorcio Tams-Ingetec realizó los estudios y diseños complementarios del PMM. Ese análisis fijó una altura del dique de 85 metros, cuando en la década de los 70 se había definido una elevación de 120 metros.

Ese año se solicitó oficialmente al Gobierno italiano un crédito y éste ofreció 25 millones de euros (equivalente a $us 32,3 millones). Al año siguiente se hizo también un pedido a CAF que comprometió $us 7 millones. El monto restante hasta llegar a 84,2 millones (para la obra) corrió por cuenta del TGN, con $us 6,5 millones y la gobernación, $us 38,4 millones.

Pero entonces surgió otro nuevo debate por la altura de la represa. La exprefectura de Cochabamba demandó una elevación de 120 metros, como en el estudio de los años 70. El argumento era que con una altitud menor no se garantizaba la provisión de 6.000 litros por segundo de agua (l/s).

Tras un debate, finalmente el Ejecutivo nacional aceptó que se erija en ese nivel. En julio de 2006 se autorizó a la Empresa Misicuni publicar la licitación. Igual que con el túnel, para financiar esos trabajos, Italia pidió que una empresa de su país se adjudique la obra.

Ya para entonces, la perforación del corredor había sido concluida. Esa excavación empezó en febrero de 1997 y fue entregada en abril de 2005. Pero no operó al 100% porque no se construyó de manera paralela la represa. Solo se inició el trasvase de 400 l/s de agua, cuando su capacidad es para 3.000 l/s. Desde su entrega, Semapa comenzó a recibir 250 l/s, que equivale a cerca del 20% del agua que se consume en Cercado. Otros 100 l/s llegan a Tiquipaya.

El actual presidente de la Empresa Misicuni, Jorge Alvarado, exdiputado del MAS, expresidente de YPFB y exembajador de Bolivia en Venezuela, observó que las autoridades de turno solo hayan gestionado los recursos para la perforación del corredor y no así para el embalse.
No obstante, la segunda fase ya estaba encaminada. Según el representante, la revisión y actualización del proyecto fueron encargadas al consorcio brasileño-boliviano Engevix-Caem, al que también se contrató para que supervise la construcción de la represa.

Con base en ese reajuste se llamó a licitación en diciembre de 2007, pero ésta fue declarada desierta porque no se presentó ningún proponente. El proyecto fue postergado un año y en diciembre de 2008 se publicó el segundo llamado. Al año siguiente, en enero, se presentaron cinco sociedades, entre ellas el Consorcio Hidroeléctrico Misicuni (CHM), que estaba integrado por la italiana Grandi Lavori, la boliviana CCI SRL; las venezolanas Vialpa y Obresca y las colombianas Change Consulting Group y GCC SA.

Esa sociedad se adjudicó los trabajos en marzo de 2009 y en mayo se firmó el contrato, por un monto total de $us 78,8 millones, aunque el presupuesto de la obra fue de $us 84,2 millones.
La Empresa Misicuni entregó al CHM un anticipo de 20% ($us 15,7 millones) para la edificación de campamentos, contratación de personal, movilización de parte de los 110 equipos que ofertó, así como la compra de materiales de construcción, pero luego ese monto fue incrementado en 15%, a $us 18 millones, porque así lo preveía el contrato. De ese adelanto, la asociación destinó $us 5 millones a la compra de 12 volquetas.

Cambios. “Utilizaron ese anticipo en cosas para las que no estaba destinado y el momento de empezar la construcción, el consorcio no tenía (recursos), se lo había gastado y lo que le sobraba era muy poco. Por eso es que la represa se ha ido construyendo lentamente”, manifiesta Alvarado.

Pero la falta de recursos no fue el único factor que influyó en el incumplimiento del cronograma, también se presentaron otros problemas como, por ejemplo, un derrumbe de un talud en el lado izquierdo de la presa, que además causó el ajuste del diseño.

Para que no haya una falla geológica, el eje izquierdo de la presa fue removido dos grados y así se evitó que el embalse se desestabilice. Al hacer ese movimiento, el lado derecho se desplazó 18 metros. Ese cambio derivó en la modificación del diseño de la cara de enrocado y el aumento del espesor del mismo (la presa tiene además una cara de concreto, que es la que retiene el agua).

EL REPORTAJE COMPLETO EN LA EDICIÓN ESPECIAL DE INFORME LA RAZÓN, QUE CIRCULA ESTE LUNES 9 DE FEBRERO JUNTO A NUESTRA EDICIÓN IMPRESA.