La sequía golpea a más de 114 mil familias y Bolivia se prepara para el fenómeno de El Niño

El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que la decisión responde a una situación que ya tiene consecuencias concretas y a la necesidad de preparar al país para enfrentar posibles eventos climáticos adversos durante los próximos meses.

De acuerdo con los datos correspondientes al periodo del 1 de junio al 29 de octubre de 2026, de las 114.048 familias registradas, 78.217 están afectadas y 35.831 damnificadas. La emergencia comprende también 1.486 comunidades, 167.511 hectáreas afectadas, de las cuales 60.106 se reportan como perdidas, y 75.013 cabezas de ganado perdidas.

“En varias regiones de Bolivia está lloviendo menos de lo necesario. Cuando falta agua, no solamente sufren las personas que necesitan beberla. También sufren los cultivos, los animales y las familias que viven de la agricultura y la ganadería. 78.217 familias están afectadas, porque la falta de agua perjudica sus actividades y condiciones de vida. Otras 35.831 están damnificadas, lo que significa que ya sufrieron pérdidas directas, por ejemplo, en sus cultivos, animales o medios de subsistencia”, apuntó la autoridad gubernamental.

Justiniano advirtió que el escenario climático podría agravarse. Mientras regiones del Altiplano, los Valles y el Chaco enfrentan condiciones de sequía, los pronósticos identifican riesgos de heladas, granizadas, incendios forestales, inundaciones, riadas y desbordes asociados a El Niño.

“Mientras algunas regiones del Altiplano y los Valles podrían continuar sufriendo por la falta de lluvias, otras zonas del país podrían enfrentar lluvias intensas, inundaciones y desbordes de ríos. También existe riesgo de heladas, granizadas e incendios forestales. Es decir, en una parte del país puede faltar agua mientras en otra puede llegar demasiada. Los pronósticos no significan que todos estos desastres necesariamente ocurrirán. Son advertencias que nos permiten prepararnos”, puntualizó.

El ministro aclaró que estos escenarios constituyen advertencias que permiten organizar acciones preventivas y no significan que todos esos fenómenos necesariamente vayan a ocurrir.

La declaratoria fue recomendada por el Consejo Nacional para la Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y/o Emergencias (Conarade), mediante la Resolución 014/2026, del 30 de octubre. El Decreto Supremo 5759 establece como finalidad proteger la vida, la salud y los medios de vida de la población boliviana, además de fortalecer la preparación, respuesta y recuperación frente a la emergencia.

El titular de Defensa señaló que la atención no será responsabilidad exclusiva de su cartera, sino una tarea conjunta del Gobierno nacional, las gobernaciones y los municipios. Cada ministerio deberá contribuir desde sus competencias, mientras Defensa Civil coordinará la gestión de riesgos y las acciones de respuesta, con el apoyo de las Fuerzas Armadas cuando corresponda.

Asimismo, indicó que se trabaja en los mecanismos de financiamiento que permitan disponer de mayores recursos para enfrentar la situación, un proceso que todavía debe completar los procedimientos necesarios.

Entre las tareas inmediatas están la identificación de comunidades de mayor riesgo, la actualización de planes de contingencia, la organización de las capacidades disponibles y la preparación de la ayuda que pueda requerir la población.

"La emergencia nacional no debe quedarse en un decreto firmado. Tiene que convertirse en prevención, coordinación, recursos y ayuda efectiva", sostuvo Justiniano.

La autoridad remarcó que el propósito de la decisión es anticiparse a los efectos de los eventos climáticos y garantizar una respuesta más rápida y coordinada para proteger a las familias bolivianas